La Procuraduría General de la Nación emitió una nueva alerta para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), recordando que se debe garantizar el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional, en la cual se le concedió, luego de los estragos causados por el paso del huracán Iota y ETA, los derechos fundamentales a la población de Providencia y Santa Catalina.

Dentro del oficio, el ente de control, a través del grupo de trabajo para el seguimiento y la vigilancia a la situación de desastre del Archipiélago, hizo un nuevo llamado a la UNGRD,  para que presente de manera urgente las gestiones que se han adelantado para hacer efectiva la Sentencia T-333 de 2022, la cual otorga derechos como la vivienda digna, agua potable, saneamiento básico, ambiente sano, salud, consulta previa e identidad cultural a la población raizal y nativos de la isla.

Como parte de los requerimientos, insistió en la necesidad de contar con un informe sobre el estado actual y las gestiones adelantadas por la entidad en cuanto al hospital de campaña, el abastecimiento de insumos médicos y de agua, el vertimiento de aguas negras domésticas y el acopio temporal de escombros, basuras y residuos orgánicos, entre otras acciones.

Finalmente, la Procuraduría solicitó un informe sobre el estado actual de la adecuación de los cinco refugios en la isla de Providencia, los problemas que a la fecha se presentan y el plan de acción para garantizar su funcionalidad. Así mismo, solicitó el estado actual de las obras de la Estación de Policía y las sedes de la alcaldía de la isla de Providencia, en el marco del convenio establecido con el Ministerio de Interior.

*Con información de Procuraduría General de la Nación